Choque de sentencias entre los supermercados Pepe la Sal y masymas

Dentro de lo que parece el inicio de una guerra sin cuartel, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Pepe la Sal contra los recursos de casación del Ayuntamiento de Teulada, Hermanos Forart S.L. y Juan Fornés Fornés S.A.  contra la sentencia de 23 de diciembre de 2013. Esta sentencia es firme y sin posibilidad de recurso. Esto podría dar lugar a que por parte del consistorio se iniciase los mecanismos para proceder al cierre del supermercado masymas, con lo que esto supondría. Pero, y he aquí el quid de la cuestión, existe otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Alicante, cuyo fallo también ha coincidido en el tiempo y forma con la anterior, donde la justicia se decanta en esta ocasión a favor de la mercantil masymas. En el documento se acuerda en su parte dispositiva que no ha lugar a la ejecución provisional solicitaba por Pepe la Sal S.L de la sentencia dictada, desestimando de este modo la clausura del supermercado.

Comencemos por el auto del Juzgado, de 20 de julio, por el que desestima la demanda de ejecución provisional presentada por Pepe la Sal, en la que solicitaba la clausura del supermercado masymas. Dicha sentencia desestima la demanda de Pepe la Sal, en base a los perjuicios irreparables que se ocasionarían. Por otro lado, aunque no lo menciona expresamente, está la responsabilidad patrimonial que podría incurrir la administración, derivada ya no sólo de la anulación de las licencias que en su día concedió, si no de los compromisos asumidos en el convenio en su día suscrito y que consecuencia de estas Sentencias, a día de hoy aún no han sido cumplidos.

Declaraciones de Juan José Fornés

Este periódico se ha puesto en contacto con José Juan Fornés, máximo responsable de la mercantil Juan Fornés Fornés S.A., quien ha declarado al respecto de esta situación que: “Hasta la fecha, la única pretensión que hemos tenido es que se subsanen las deficiencias que en su día detectó el Juzgado en las licencias concedidas, para restaurar la legalidad. Con esta finalidad, hemos efectuado diversas peticiones a la Administración y estamos a su disposición para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades y dentro de la legalidad, para lograr dicho objetivo y poder seguir ofreciendo nuestros servicios a los vecinos de Teulada-Moraira y nuestros empleados puedan mantener su trabajo”

Cruce de denuncias

No acaba aquí este duelo de titanes, ya que ha sido el propio José Juan Fornés quien nos ha detallado que “Recientemente (hace ya varios meses), por otro lado, hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento, la existencia de diversas irregularidades que presuntamente presentan dos establecimientos del municipio de Teulada-Moraira, con la finalidad de que por parte de dicha Administración, se verifique su legalidad. En estos momentos, estamos a la espera de que el Ayuntamiento se pronuncie al respecto y, en todo caso, resuelva según proceda en derecho” Uno de los establecimientos al que se refiere, es precisamente uno de los supermercados Pepe la Sal que se encuentra ubicado en el núcleo urbano de Moraira y la denuncia a la que hemos tenido acceso señala al menos siete deficiencias entre las que se encontrarían el de no disponer ninguna zona destinada a aparcamiento, algo que constaba en el proyecto de apertura y que en la actualidad no existe.

Declaraciones de José Font

Teulada Moraira Digital también ha recabado las opiniones de José Font Vallés, director general de los Supermercados Pepe la Sal, quien ha afirmado de forma categórica que la mercantil que representa nunca ha presentado una sola denuncia contra Juan Fornés Fornés S.A., ni contra su máximo representante, José Juan Fornés. “Hemos denunciado en todas las ocasiones las actuaciones del Ayuntamiento de Teulada” ha señalado, para a continuación confirmar que efectivamente la empresa que representa a los supermercados masymas, hace ya algunos meses había denunciado a los supermercados Pepe la Sal, ante el ayuntamiento señalando varias deficiencias que a su juicio eran perfectamente subsanables y que por tanto no era motivo de preocupación. Por otro lado, y siempre dentro del mismo contexto, aseguraba que los supermercados Pepe la Sal, cuentan en la actualidad con toda la legalidad administrativa vigente cosa que no ocurre en el supermercado masymas cuestionado.

En cuanto a las sentencias, José Font ha declarado que hasta la fecha la justicia las ha ido dando la razón. Del mismo modo, ha querido dejar claro que en ningún momento Pepe la Sal quiere tener el monopolio de nada, pero que los tribunales  está para algo y ha asegurado que todo lo publicado al respecto en los medios en referencia a los supermercados masymas, no son declaraciones realizadas por nadie en concreto, sino que son en su totalidad argumentos refrendados por los tribunales, argumentos como los que se afirma -tal y como recoge la sentencia- que la parcela donde se ubica el masymas, no dispone de uso comercial sino residencial por no existir PRI aprobado como exige el PGOU y el hecho de que lo presentara no lo supone; y que dicha parcela está parcialmente clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por ramblas a lo que se añadiría que la actividad se asienta sobre un edificio con porcentaje de ocupación superior al 25% y en una planta que ocupa el 50% de la superficie máxima o como la que comunica el TSJCV confirmó la sentencia del Juzgado nº 3 de Alicante que declaraba nula y sin efecto la licencia de obras para el edificio para el que se otorgó la licencia Ambiental sobre la base de estos argumentos.

Por otra parte y en el mismo contexto, desde la dirección de Pepe la Sal S.L. también quisieron señalar que cuando el masymas procedió a su apertura, la mercantil teuladina tuvo que realizar una reducción de plantilla significativa, por lo que no comprenden ahora "el victimismo" desde la mercantil de Pedreguer.

Historia de los hechos

Todo lo anterior arranca porque según Pepe La Sal, el establecimiento de masymas situado en la Crta Moraira-Calpe no cuente con las licencias opurtunas y le está generando un perjuicio económico que viene arrastrando 10 años.

e perjudica y le resta ventas al de su propiedad situado unos km más allá en término de Benissa junto a la rotonda de calles Túnez.

Realizando una síntesis de lo hasta ahora acontecido, debemos detenernos en el 3 de junio del año 2004, donde el pleno celebrado en la localidad, aprobaba en aquel entonces, con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista -ULC se abstenía- la suscripción de un Convenio Urbanístico con una empresa del grupo Juan Fornes Fornes S.A. Esto venía justificado por el interés público que suponía la apertura de un nuevo establecimiento comercial. En dicho convenio, el consistorio se comprometía a modificar el uso urbanístico del inmueble, previsto en el Plan General que en ese momento estaba tramitado, y debía calificar como terciario, adscribiendo, entre otros usos el comercial. Por su parte la promotora se comprometía a ejecutar una serie de infraestructuras de carácter general.

Durante las fechas siguientes, la mercantil, Hermanos Forart S.L. llevó a cabo todos sus compromisos, solicitando las correspondientes licencias de obra y ambiental, cumpliendo además con cuantas exigencias fueron realizadas por el Ayuntamiento, al menos así se pone de manifiesto desde la promotora.

Precisamente una de estas exigencias fue la ejecución de unas obras de encauzamiento de una rambla, que contó con la debida autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como así consta en el documento que obra en poder de este periódico, donde se indica de manera clara que se trata de un encauzamiento a cielo abierto perfectamente compatible con la normativa en vigor -al menos en la fecha del registro de entrada de la autorización- para llevar a cabo dichas obras. Una rambla muy controvertida, que aparece por primera vez en el planeamiento que el consistorio aprobó en el 2005, ya que no aparecía ni en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana), ni en el anterior planeamiento, ni en el catastro antiguo del año 1.952, ni estaba inventariada por la Confederación Hidrográfica ni, de hecho, físicamente existía, se afirma desde fuentes de la empresa afectada.

Como podrá apreciar el lector el entramado es muy complejo y difícil de resumir, pero visto lo visto esta guerra de empresas no parece tener visos de una pronta finalización. En todo caso el tiempo y la justicia determinará finalmente de qué lado se inclina la balanza.