A contracorriente
Indultar a políticos
En las cárceles españolas se hacinan 70.000 reclusos y, que yo sepa,
entre tantos internos no hay ningún cargo público relevante.
El
último que yo recuerdo que pasó seis años en la trena fue el ex alcalde
de Pego, Carlos Pascual, y no por ningún caso de corrupción con el que
se hubiese forrado, sino por un simple delito ecológico. Lo que sucede
es que Carlos Pascual, individuo populista, independiente y fachoso, era
tan odiado por el PP como por el PSOE, por lo que no tuvo valedor
político alguno que abogase por él.
No es el caso, como se ve, de
Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja, condenado a tres años de
prisión por prevaricación y falsedad documental y que ha agotado ya
todos los recursos judiciales. No sólo lo protegen gentes de su partido,
sino que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y el propio
fiscal han decidido que no vaya a la cárcel mientras el Gobierno tramita
su indulto.
¡Toma ya! ¿Con cuántos yonkis, mecheras, quinquis y
otros delincuentes de menor cuantía se muestran así de generosos
nuestros tribunales? Con ninguno. Todos los días conocemos casos de
modestos delincuentes que por robar en un supermercado o pasar unas
papelinas ingresan en prisión y ven cómo en ella se hunde su vida.
Tras
Hernández Mateo, también ha pedido que le indulten para no cumplir su
condena el ex presidente balear Jaume Matas. Pues qué bien.
Si
uno está contra la institución del indulto gubernativo —¿para qué, si
no, están los tribunales de justicia?—, aun estoy más en desacuerdo con
que sean los políticos quienes indulten a políticos, en una obscena
ceremonia de endogamia criminal.
Puestas así las cosas, mejor
sería que los políticos no fuesen juzgados, cualesquiera que fuesen sus
delitos. Total, para que tras unos largos y costosos procesos judiciales
sean al final indultados… Al menos, nos ahorraríamos así, además del
consiguiente bochorno, el que los tribunales se colapsasen por casos y
casos de corrupción pendientes y se conseguiría que los ciudadanos de a
pie pudiesen recibir en tiempo y hora algo de la justicia que hasta
ahora les tarda en llegar.
En las cárceles españolas se hacinan 70.000 reclusos y, que yo sepa,
entre tantos internos no hay ningún cargo público relevante.
El
último que yo recuerdo que pasó seis años en la trena fue el ex alcalde
de Pego, Carlos Pascual, y no por ningún caso de corrupción con el que
se hubiese forrado, sino por un simple delito ecológico. Lo que sucede
es que Carlos Pascual, individuo populista, independiente y fachoso, era
tan odiado por el PP como por el PSOE, por lo que no tuvo valedor
político alguno que abogase por él.
No es el caso, como se ve, de
Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja, condenado a tres años de
prisión por prevaricación y falsedad documental y que ha agotado ya
todos los recursos judiciales. No sólo lo protegen gentes de su partido,
sino que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y el propio
fiscal han decidido que no vaya a la cárcel mientras el Gobierno tramita
su indulto.
¡Toma ya! ¿Con cuántos yonkis, mecheras, quinquis y
otros delincuentes de menor cuantía se muestran así de generosos
nuestros tribunales? Con ninguno. Todos los días conocemos casos de
modestos delincuentes que por robar en un supermercado o pasar unas
papelinas ingresan en prisión y ven cómo en ella se hunde su vida.
Tras
Hernández Mateo, también ha pedido que le indulten para no cumplir su
condena el ex presidente balear Jaume Matas. Pues qué bien.
Si
uno está contra la institución del indulto gubernativo —¿para qué, si
no, están los tribunales de justicia?—, aun estoy más en desacuerdo con
que sean los políticos quienes indulten a políticos, en una obscena
ceremonia de endogamia criminal.
Puestas así las cosas, mejor
sería que los políticos no fuesen juzgados, cualesquiera que fuesen sus
delitos. Total, para que tras unos largos y costosos procesos judiciales
sean al final indultados… Al menos, nos ahorraríamos así, además del
consiguiente bochorno, el que los tribunales se colapsasen por casos y
casos de corrupción pendientes y se conseguiría que los ciudadanos de a
pie pudiesen recibir en tiempo y hora algo de la justicia que hasta
ahora les tarda en llegar.

























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