Efectos perversos de la privatización del agua en la Marina Alta
En ninguno caso se ha planteado el recurso de agua como un activo social
y valor medioambiental, considerándolo y eso, en el mejor de los casos
un factor de producción, alejado no obstante, del contexto de un modelo
de uso racional y sostenible a medio y largo plazo. La falta de deslinde
ha sido la coartada tras la que se ha escudado la Administración para
permitir una generalizada invasión de los recursos suelo-agua a
intereses privados. Algo similar ha ocurrido con la vigilancia y gestión
de vertidos.
Es significativo que, en un escenario de ríos y
mares envenenados por sistemáticos vertidos ilegales, y de riberas
degradadas por doquier, apenas si existan expedientes punitivos en las
Confederaciones, ni sentencias judiciales condenatorias por delito
ecológico, a pesar de que la Guardia Civil (SEPRONA), colectivos y
ciudadanos hayan cursado miles de denuncias con las correspondientes
pruebas.
Ahora la reserva marítima del Cap de Sant Antoni, sufre
una grave amenaza, supuestamente después de varios meses o incluso años
de vertido de aguas fecales producido por la rotura del emisario
submarino de aguas residuales de Xàbia. Las consecuencias en el entorno
marino de la reserva está afectando a las praderas de Posidónea, erizos y
misidáceos asociadas a ellas también pueden verse afectadas igualmente,
además de sufrir otros impactos medioambientales típicos en la
instalación de depuradoras y/o desaladoras. Los indicios de negligencia
administrativa, prevaricación
y corrupción son en este sentido abrumadores.
El
claro exponente de la privatización de las aguas, lo constituyen las
empresas particulares, todas ellas constituyen monopolios locales del
agua, que actúan en los distintos municipios. Su función es meramente
especulativa, y orientada a la adjudicación de megaproyectos, social y
económicamente erróneos para la ciudadanía y ambientalmente nefastos.
Después
de la compra o arrendamiento de los predios en los que se ubican las
fuentes de extracción del recurso, comercian con el agua. Las
extracciones y oferta de recursos se realiza siempre supeditada a las
demandas, cuestión esta que ha entrañado el escandaloso descenso de
niveles, sobreexplotación, salinización y deficiencias de calidad y, en
fin, carestía del producto.
La formación e información de la
ciudadanía hacia una nueva cultura de preservación, control y gestión de
una demanda, acorde con el entorno y la capacidad de acogida de los
territorios se hace imprescindible.
José Gálvez Martínez.
Secretario Área de Medio Ambiente y Territorio EU Marina Alta.
En ninguno caso se ha planteado el recurso de agua como un activo social
y valor medioambiental, considerándolo y eso, en el mejor de los casos
un factor de producción, alejado no obstante, del contexto de un modelo
de uso racional y sostenible a medio y largo plazo. La falta de deslinde
ha sido la coartada tras la que se ha escudado la Administración para
permitir una generalizada invasión de los recursos suelo-agua a
intereses privados. Algo similar ha ocurrido con la vigilancia y gestión
de vertidos.
Es significativo que, en un escenario de ríos y
mares envenenados por sistemáticos vertidos ilegales, y de riberas
degradadas por doquier, apenas si existan expedientes punitivos en las
Confederaciones, ni sentencias judiciales condenatorias por delito
ecológico, a pesar de que la Guardia Civil (SEPRONA), colectivos y
ciudadanos hayan cursado miles de denuncias con las correspondientes
pruebas.
Ahora la reserva marítima del Cap de Sant Antoni, sufre
una grave amenaza, supuestamente después de varios meses o incluso años
de vertido de aguas fecales producido por la rotura del emisario
submarino de aguas residuales de Xàbia. Las consecuencias en el entorno
marino de la reserva está afectando a las praderas de Posidónea, erizos y
misidáceos asociadas a ellas también pueden verse afectadas igualmente,
además de sufrir otros impactos medioambientales típicos en la
instalación de depuradoras y/o desaladoras. Los indicios de negligencia
administrativa, prevaricación
y corrupción son en este sentido abrumadores.
El
claro exponente de la privatización de las aguas, lo constituyen las
empresas particulares, todas ellas constituyen monopolios locales del
agua, que actúan en los distintos municipios. Su función es meramente
especulativa, y orientada a la adjudicación de megaproyectos, social y
económicamente erróneos para la ciudadanía y ambientalmente nefastos.
Después
de la compra o arrendamiento de los predios en los que se ubican las
fuentes de extracción del recurso, comercian con el agua. Las
extracciones y oferta de recursos se realiza siempre supeditada a las
demandas, cuestión esta que ha entrañado el escandaloso descenso de
niveles, sobreexplotación, salinización y deficiencias de calidad y, en
fin, carestía del producto.
La formación e información de la
ciudadanía hacia una nueva cultura de preservación, control y gestión de
una demanda, acorde con el entorno y la capacidad de acogida de los
territorios se hace imprescindible.
José Gálvez Martínez.
Secretario Área de Medio Ambiente y Territorio EU Marina Alta.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.19