A nuestra costa, no hay Ley de Costas

Una operación que viene a sustraer del dominio público un espacio tan deseado y jugoso como es éste, alejándolo de la ciudadanía, para beneficio de intereses privados y privativos cuyo único fin es una rentabilidad rápida, siguiendo el mismo modelo que nos ha abocado, entre otros, a la terrible crisis que vivimos.
 
La nueva ley pretende, por otro lado, ser ajena también a fenómenos en los que toda la comunidad científica está de acuerdo, y sobre los que la población en general ha mostrado su conocimiento y preocupación: el cambio climático y la consecuente subida del nivel del mar.

El principio del desarrollo económico es que los productos sólo se adquieren por productos, entonces desde ese principio cuando la propiedad deja de ser productora de utilidad, deja de interesar al capitalismo. Por esa razón se realizó la nueva ley de costas, para que los lobbies de sectores tan diversos y tan vinculados a los partidos en el poder, pudieran desarrollar sus Mega-proyectos.

Poco o nada importa la protección al medio ambiente, en la nueva Ley de Costas aunque dicha protección está reconocida por las Constituciones española y europea, vulnerando hasta cuatro directivas europeas, entre las que citamos la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas. Se trata de una norma que parece amnistiar a los que construyeron cerca de las playas e invadieron zonas inundables demostradas, son muchos/as ciudadanos/as en la Marina Alta cuyas viviendas corren serios peligros de ser inundadas con episodios de lluvias torrenciales. Demostrando que existen dos formas radicalmente opuestas de aprovechar económicamente el patrimonio natural y, en concreto,  la costa.

El gobierno es la economía pública, la administración suprema de la actividad y de la riqueza de toda la nación, pero en el régimen neofascista de Cañete-Bonig los accionistas no son los/as ciudadanos/as sino las grandes multinacionales como las petroleras Ducar S.L. y Petrologis Canarias, diversas empresas de ladrillo,... todas estas sociedades y muchas más si colaboraron en el texto, pero se olvidaron de asociaciones ecologistas y científicas que deberían haber aportado el grueso de la Ley, ejemplo clarísimo que

Los/as cidadanos/as somos tratados/as, como accionistas de un regimen de propiedad y no democrático-social como nos venden los poderes del PP$OE cuando quieren que depositemos nuestros votos en una urna, urnas que llevan demasiados años sin estar llenas del todo.

Hoy más que nunca para EU-Marina Alta es necesario recordar que desde siempre la costa ha sido el principal motor físico-económico de nuestro País Valencià, por el turismo. Y que es precisamente el mantenimiento de sus características naturales lo que le dota de valor y de atractivo, por lo que toda política que favorezca su desnaturalización, degradación u ocupación privada supone la más férrea crítica desde nuestra organización y así planteada dejará de ser generadora de empleo de calidad y de cantidad.
 



José Francisco Gálvez Martínez.
Secretario Área de Medio Ambiente Marina Alta.