Artículo de opinión
Cuando en la sanidad pública te invitan a ir a la privada
Una experiencia personal vivida en el centro de salud de Teulada abre una reflexión sobre la atención en la sanidad pública, el trato al paciente y la necesidad de no normalizar situaciones que generan desconcierto entre los ciudadanos.
Ayer acudí con mi hijo al centro de salud de Teulada. Tiene quince años y, como muchos adolescentes, arrastra desde hace tiempo un problema de acné en la cara. Nada extraordinario, nada urgente, simplemente una situación que consideré que debía valorar un dermatólogo.
Por eso fuimos a la consulta de su médica de cabecera. Mi intención era sencilla: que lo derivara al especialista del hospital, como marca el propio funcionamiento de la sanidad pública.
Durante la consulta, la doctora revisó su historial y comprobó que ya había sido tratado anteriormente por la pediatra. Hasta ahí, todo normal. Pero la conversación tomó un rumbo que me dejó completamente sorprendido.
La doctora me recomendó de buenas a primera que acudiera a un dermatólogo por lo privado. Según me explicó, además, los tratamientos que veía en el historial de mi hijo, ni siquiera estaban cubiertos por la Seguridad Social.
Le respondí que nadie estaba hablando de dinero. Que yo había acudido a la sanidad pública precisamente porque confío en el buen hacer de los médicos y porque lo único que pedía era en la medida de su valoración, una derivación al dermatólogo del hospital.
La respuesta que recibí de la doctora fue tan breve como desconcertante: “Eso no va a pasar”.
Me quedé perplejo. Volví a insistir. Le expliqué que yo no pretendía saltarme ningún procedimiento ni exigir nada extraordinario. Solo pedía lo que cualquier ciudadano espera cuando acude a su médico de cabecera: que, si lo considera oportuno, lo remita al especialista correspondiente dentro del sistema público.
Finalmente, tras la conversación, la derivación se hizo a la visita al centro de Salud de Moraira para que le tomen una serie de fotos y se las manden al dermatólogo en Dénia. Eso sí la cita de Moraira se fijó para el 9 de abril. En nuestro caso, se trata de acné, algo molesto pero que no reviste gravedad. Pero uno no puede evitar hacerse una pregunta: ¿qué ocurre cuando lo que está en juego es algo mucho más serio?
Quiero dejar algo muy claro. Confío plenamente en la sanidad pública. Confío también en la educación pública y en muchas otras instituciones que forman parte de nuestro sistema. Y, además, sé que contamos con profesionales extraordinarios que cada día realizan su trabajo con vocación y entrega.
Pero precisamente por respeto a esos profesionales, y por respeto también a los ciudadanos, hay situaciones que no deberían normalizarse.
No es razonable que una persona acuda a un centro de salud público y la primera recomendación que reciba sea acudir a un especialista privado. No es razonable que el ciudadano tenga que discutir para que se active un procedimiento que forma parte del propio sistema sanitario.
Yo, en esta ocasión, pude responder. Pude insistir. Y también tengo la posibilidad de contarlo desde esta ventana que ofrece este artículo de opinión.
Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad.
¿Cuántas personas habrán salido de una consulta con la sensación de que su problema no merecía atención? ¿Cuántas habrán decidido callar, cambiar de médico o simplemente resignarse?
Existe además otro problema añadido. Cuando un ciudadano presenta una reclamación, muchas veces siente que no ocurre absolutamente nada. Y esa sensación termina generando resignación. Poco a poco nos acostumbramos a aceptar retrasos, respuestas inadecuadas o decisiones que no deberían formar parte de la normalidad.
Y cuando una sociedad se acostumbra a eso, el problema deja de ser individual y pasa a ser colectivo.
Por eso esta reflexión no pretende señalar a una persona concreta, sino recordar algo que debería ser evidente: la sanidad pública pertenece a los ciudadanos. Y precisamente por eso merece respeto, responsabilidad y profesionalidad en cada consulta.
Ojalá que nadie vuelva a escuchar en un centro de salud público que una derivación “no va a pasar”. Porque cuando alguien acude a un médico, lo último que espera es tener que defender su derecho a ser atendido dentro del sistema que sostiene con sus propios impuestos.
Vicente Bolufer

Ayer acudí con mi hijo al centro de salud de Teulada. Tiene quince años y, como muchos adolescentes, arrastra desde hace tiempo un problema de acné en la cara. Nada extraordinario, nada urgente, simplemente una situación que consideré que debía valorar un dermatólogo.
Por eso fuimos a la consulta de su médica de cabecera. Mi intención era sencilla: que lo derivara al especialista del hospital, como marca el propio funcionamiento de la sanidad pública.
Durante la consulta, la doctora revisó su historial y comprobó que ya había sido tratado anteriormente por la pediatra. Hasta ahí, todo normal. Pero la conversación tomó un rumbo que me dejó completamente sorprendido.
La doctora me recomendó de buenas a primera que acudiera a un dermatólogo por lo privado. Según me explicó, además, los tratamientos que veía en el historial de mi hijo, ni siquiera estaban cubiertos por la Seguridad Social.
Le respondí que nadie estaba hablando de dinero. Que yo había acudido a la sanidad pública precisamente porque confío en el buen hacer de los médicos y porque lo único que pedía era en la medida de su valoración, una derivación al dermatólogo del hospital.
La respuesta que recibí de la doctora fue tan breve como desconcertante: “Eso no va a pasar”.
Me quedé perplejo. Volví a insistir. Le expliqué que yo no pretendía saltarme ningún procedimiento ni exigir nada extraordinario. Solo pedía lo que cualquier ciudadano espera cuando acude a su médico de cabecera: que, si lo considera oportuno, lo remita al especialista correspondiente dentro del sistema público.
Finalmente, tras la conversación, la derivación se hizo a la visita al centro de Salud de Moraira para que le tomen una serie de fotos y se las manden al dermatólogo en Dénia. Eso sí la cita de Moraira se fijó para el 9 de abril. En nuestro caso, se trata de acné, algo molesto pero que no reviste gravedad. Pero uno no puede evitar hacerse una pregunta: ¿qué ocurre cuando lo que está en juego es algo mucho más serio?
Quiero dejar algo muy claro. Confío plenamente en la sanidad pública. Confío también en la educación pública y en muchas otras instituciones que forman parte de nuestro sistema. Y, además, sé que contamos con profesionales extraordinarios que cada día realizan su trabajo con vocación y entrega.
Pero precisamente por respeto a esos profesionales, y por respeto también a los ciudadanos, hay situaciones que no deberían normalizarse.
No es razonable que una persona acuda a un centro de salud público y la primera recomendación que reciba sea acudir a un especialista privado. No es razonable que el ciudadano tenga que discutir para que se active un procedimiento que forma parte del propio sistema sanitario.
Yo, en esta ocasión, pude responder. Pude insistir. Y también tengo la posibilidad de contarlo desde esta ventana que ofrece este artículo de opinión.
Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad.
¿Cuántas personas habrán salido de una consulta con la sensación de que su problema no merecía atención? ¿Cuántas habrán decidido callar, cambiar de médico o simplemente resignarse?
Existe además otro problema añadido. Cuando un ciudadano presenta una reclamación, muchas veces siente que no ocurre absolutamente nada. Y esa sensación termina generando resignación. Poco a poco nos acostumbramos a aceptar retrasos, respuestas inadecuadas o decisiones que no deberían formar parte de la normalidad.
Y cuando una sociedad se acostumbra a eso, el problema deja de ser individual y pasa a ser colectivo.
Por eso esta reflexión no pretende señalar a una persona concreta, sino recordar algo que debería ser evidente: la sanidad pública pertenece a los ciudadanos. Y precisamente por eso merece respeto, responsabilidad y profesionalidad en cada consulta.
Ojalá que nadie vuelva a escuchar en un centro de salud público que una derivación “no va a pasar”. Porque cuando alguien acude a un médico, lo último que espera es tener que defender su derecho a ser atendido dentro del sistema que sostiene con sus propios impuestos.
Vicente Bolufer





















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