Teulada Moraira inicia la resolución de los PAI de Castellons y busca incautar 11 millones de euros en avales

En los puntos 3 y 4 del orden del día, el Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para declarar la resolución de los programas para el desarrollo de la actuación integrada de los sectores UZE-1 (UC1-PC1-PC2) y UBE-2 (antes UA-N1) Castellons, adjudicados en su día a la mercantil Actura SL mediante convenio urbanístico de programación.

Los acuerdos aprobados establecen que, ante el incumplimiento de la obligación esencial de ejecutar las obras de urbanización y la reparcelación en los plazos fijados, se inicia la resolución de la adjudicación y se prevé la pérdida de la condición de agente urbanizador.

Entre otros extremos, los dictámenes recogen: La incautación de las garantías depositadas en la Tesorería municipal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del agente urbanizador, que serán ejecutadas directamente por el Ayuntamiento. La notificación del acuerdo al agente urbanizador, a la entidad avalista y a las personas propietarias afectadas, concederá un plazo de audiencia de 15 días para alegaciones y presentación de documentación. La previsión de solicitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu en caso de oposición del agente urbanizador, quedando en tal supuesto suspendido el plazo máximo legal para resolver.

Según explicó el alcalde, Raúl Llobell, los dos PAI suman avales por un importe aproximado de 11 millones de euros, una cifra que, a modo comparativo, equivale a «en torno al cuarenta y pico por ciento» del presupuesto municipal anual. El primer aval ronda los tres-cuatro millones de euros, mientras que el segundo se sitúa alrededor de los siete millones.

Llobell: «Es dinero del pueblo y hay que pelear el 100%»

Durante el debate plenario, el alcalde subrayó que el gobierno local asumió este expediente «en serio» y que se encargaron informes jurídicos especializados en materia urbanística para avalar la estrategia municipal.

Llobell insistió en que los informes concluyen que al Ayuntamiento le corresponde el 100 % del aval, por lo que, según expuso, no hay margen para negociar una cantidad inferior. «Si la legalidad dice que el Ayuntamiento tiene derecho al 100 %, no hay nada que negociar. Si es dinero del pueblo, se tiene que pelear el 100 % para el pueblo», señaló el munícipe de forma categórica.

El alcalde comparó el volumen de los avales con el presupuesto municipal para dimensionar la importancia del paso dado, pero recordó que no se trata de recursos que puedan destinarse a gasto corriente, sino que deben emplearse para los fines previstos cuando se constituyeron las garantías.

Tras el pleno, en declaraciones a este medio, Llobell precisó que se trata de dinero afectado a la no ejecución del PAI: «Ese dinero no puede incorporarse al día a día del municipio. Es un aval que se puso para el caso de no ejecución del PAI y, como ha sido el caso, hay que incautarlo y destinarlo a lo que jurídicamente corresponde».

En este sentido, el alcalde apuntó que los fondos podrían orientarse, por ejemplo, a resarcir posibles perjuicios a propietarios o a realizar actuaciones derivadas de la no ejecución del PAI, siempre dentro del marco que marque la legislación urbanística y una vez completado el procedimiento de resolución e incautación.

EME respalda la incautación total: «Es dinero público del ciudadano de a pie»

El portavoz de EME, Héctor Morales, reiteró en el pleno el apoyo de su grupo a la línea de actuación seguida por el Ayuntamiento y defendió la incautación íntegra del aval: «Es un procedimiento que viene de 2005 y en 2025, veinte años después, no han presentado ni proyecto ni han cumplido con su deber de ejecutar las obras de urbanización».

En este sentido, Morales calificó los avales como «dinero público» y recordó que proceden de los impuestos de la ciudadanía: «Es dinero público y ese dinero público es del ciudadano de a pie, que con sus impuestos alimenta los servicios. Por lo tanto, hay que aspirar al 100 %».

El portavoz de EME también señaló que, pese a la importante cuantía, los 11 millones no serían suficientes para ejecutar hoy por completo la urbanización prevista, después de dos décadas de retraso y cambios en los costes de las obras.

La parte más política del debate se centró en la enmienda planteada por Compromís, a través de su concejala Vicent Ferrando, que proponía añadir un sexto punto al acuerdo. Esa enmienda reclamaba iniciar una modificación puntual del planeamiento para: Clasificar como suelo urbano consolidado la parte ejecutada de la U2 (zona donde se encuentran, entre otros, el Auditorio y su aparcamiento) y del mismo modo, reclasificar el resto del ámbito como suelo no urbanizable, en coherencia con el tratamiento previsto para la UC1.

Compromís vinculó esta propuesta a un criterio de «responsabilidad» y de planificación futura del territorio, señalando que, tras veinte años sin desarrollo efectivo —«ni siquiera en tiempos de burbuja urbanística», según expuso Ferrando—, lo más lógico sería replantear la clasificación del suelo.

El alcalde rechazó frontalmente incorporar esta enmienda al dictamen, argumentando que mezclaba planos distintos: «Aquí lo que se pretende es iniciar el procedimiento de resolución de un PAI que no se ha ejecutado en veinte años, incautar la garantía y continuar la tramitación. La discusión sobre desclasificar, reclasificar o modificar la ordenación es otro debate distinto, que deberá tratarse en su momento».

Llobell recordó además que una propuesta en términos similares ya se había debatido como moción en el pasado y no fue aprobada.

En cuanto a la votación de la enmienda de Compromís, el pleno rechazó su inclusión en el texto: A favor de la enmienda: Compromís. En contra: Partido Popular y EME. Abstención: PSPV-PSOE.

La portavoz socialista, Paqui, justificó la abstención aludiendo a la falta de información suficiente para pronunciarse sobre una reclasificación de suelo de ese alcance y reclamó más tiempo para estudiar el asunto.

Una vez descartada la enmienda, el pleno votó los acuerdos de inicio de resolución de los PAI UZE-1 y UBE-2 Castellons con el siguiente resultado, tanto en el punto 3 como en el 4. Votos a favor: Partido Popular y EME. Abstenciones: Compromís y PSPV-PSOE. Votos en contra: ninguno.

Previamente, en los puntos 1 y 2 del orden del día, la corporación había aprobado por unanimidad la declaración de caducidad de los procedimientos de resolución de la adjudicación de los PAI tramitados desde 2016, paso necesario para poder abrir ahora los nuevos expedientes con la estrategia actual.

Próximos pasos: alegaciones y posible dictamen jurídico

Con los acuerdos adoptados, se abre formalmente el plazo de 15 días para que el agente urbanizador, la entidad avalista y los propietarios afectados presenten alegaciones o documentación.

En caso de oposición por parte del agente urbanizador, el Ayuntamiento deberá solicitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu, lo que suspenderá el cómputo del plazo máximo para resolver. A partir de ahí, el expediente podría derivar, si fuera necesario, en una eventual vía contenciosa.

El alcalde cerró la sesión subrayando, de nuevo, la importancia de la incautación de los avales «para defender el interés del municipio de Teulada Moraira» y calificó la decisión como un ejercicio de responsabilidad institucional tras dos décadas de parálisis en los PAI de Castellons.