El juzgado de Dénia archiva una denuncia por violencia de género contra el concejal Héctor Morales Puigcerver
Héctor Morales concejal en el Ayuntamiento de Teulada Moraira
El Ministerio Fiscal también informó en contra de adoptar medidas de protección al no apreciar indicios suficientes de delito ni riesgo para la denunciante.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Dénia ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones incoadas contra el concejal Héctor Morales Puigcerver, al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que dio origen al procedimiento.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este medio, concluye que “de las diligencias practicadas no aparece debidamente justificada la perpetración de los hechos” y acuerda el archivo provisional de la causa, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de nuevas actuaciones. Esta decisión se adopta tras la solicitud expresa de sobreseimiento formulada por el Ministerio Fiscal, que considera que no concurren los elementos mínimos exigibles para seguir adelante con la causa.
Los hechos se remontan al pasado viernes, cuando el edil fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, permaneciendo detenido desde las 16 horas y pasando la noche en el calabozo. El sábado, tras las gestiones del abogado del concejal, se acordó su puesta en libertad sin medidas cautelares.
Ya el lunes y tras la celebración del juicio rápido, analizada toda la documentación por la Jueza, en una resolución independiente de la causa penal, el juzgado también denegó la solicitud de orden de protección presentada por la denunciante, en la que alegaba haber sufrido malos tratos a lo largo de los años. En esa resolución, se hace constar que en el momento actual no se cumplen los requisitos necesarios para la adopción de dicha orden, siendo coincidente el criterio expresado por el Ministerio Fiscal en su informe.
El auto recuerda que, según el acuerdo de divorcio ratificado en 2024, la custodia de los hijos comunes —siete en total, cinco de ellos menores— quedó en manos del padre, residiendo actualmente con él, mientras que la madre se trasladó por motivos laborales a otra comunidad autónoma.
La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma o apelación en los plazos legalmente establecidos.
Héctor Morales concejal en el Ayuntamiento de Teulada Moraira
El Juzgado de Instrucción número 3 de Dénia ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones incoadas contra el concejal Héctor Morales Puigcerver, al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que dio origen al procedimiento.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este medio, concluye que “de las diligencias practicadas no aparece debidamente justificada la perpetración de los hechos” y acuerda el archivo provisional de la causa, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de nuevas actuaciones. Esta decisión se adopta tras la solicitud expresa de sobreseimiento formulada por el Ministerio Fiscal, que considera que no concurren los elementos mínimos exigibles para seguir adelante con la causa.
Los hechos se remontan al pasado viernes, cuando el edil fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, permaneciendo detenido desde las 16 horas y pasando la noche en el calabozo. El sábado, tras las gestiones del abogado del concejal, se acordó su puesta en libertad sin medidas cautelares.
Ya el lunes y tras la celebración del juicio rápido, analizada toda la documentación por la Jueza, en una resolución independiente de la causa penal, el juzgado también denegó la solicitud de orden de protección presentada por la denunciante, en la que alegaba haber sufrido malos tratos a lo largo de los años. En esa resolución, se hace constar que en el momento actual no se cumplen los requisitos necesarios para la adopción de dicha orden, siendo coincidente el criterio expresado por el Ministerio Fiscal en su informe.
El auto recuerda que, según el acuerdo de divorcio ratificado en 2024, la custodia de los hijos comunes —siete en total, cinco de ellos menores— quedó en manos del padre, residiendo actualmente con él, mientras que la madre se trasladó por motivos laborales a otra comunidad autónoma.
La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma o apelación en los plazos legalmente establecidos.
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