Aprobado el decreto de viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana con 600.000 € de multas y limitación municipal

La regulación, que entrará en vigor una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, ha sido calificada por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, como una medida que mejorará esta modalidad turística.

Para Montes es "injusto" que se acuse a la vivienda turística de ser la causante de todos los problemas porque en el caso de la Comunitat representa el 1,8 % del parque de viviendas, frente al 14 % de vivienda vacía, y ha indicado que los problemas de vivienda "no están" en los pisos turísticos sino en "las políticas de vivienda del Gobierno, que debería revisar".

"Creemos en la vivienda turística, existe en la Comunidad Valenciana desde los años sesenta del siglo pasado y nunca ha generado ningún problema", ha asegurado tras el pleno del Consell que ha aprobado el decreto ley, celebrado en Ontinyent.

Aunque la regulación ya fue presentada este jueves por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera, ésta ha destacado algunos aspectos relacionados con los ciudadanos, como la incorporación de la voluntad de las comunidades de propietarios para determinar si existe prohibición del uso turístico de las viviendas, o la posibilidad de establecer reglamentos sobre normas de comportamiento cuyo incumplimiento puede comportar la rescisión del contrato de alojamiento sin derecho a indemnización ni devolución.

Sobre los ayuntamientos, podrán limitar las viviendas turísticas por razones objetivas, fundamentadas y comunicadas, una medida que Montes ha defendido por ser estos los que mejor conocen la realidad del municipio.

También podrán pedir la cesión de competencias en inspección, tramitación de expedientes, sanción y recaudación, y la consellera ha dicho en este sentido que van a ser muy exigentes con las multas y sanciones a la oferta ilegal, con sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros.

Con un registro "depurado" mediante la obligación de comunicar hasta el próximo 31 de diciembre el número de referencia catastral, se podrá comunicar a los ayuntamientos cuántas viviendas tienen autorizadas y por otro lado establecer el intercambio de datos con las plataformas para detectar la oferta ilegal.

Montes ha recordado que la prohibición de comercializar para uso turístico habitaciones en viviendas ya existía anteriormente al decreto, y aun así existen más de 5.000 solo en la ciudad de València, una oferta ilegal que se considera falta muy grave y que puede ser sancionada con entre 100.000 y 600.000 euros.

También delimita el tiempo de comercialización de vivienda turística, de diez días o menos, por lo que cae en la aplicación de la norma, mientras que lo que supere ese tiempo será competencia del Estado dentro de la ley de arrendamientos urbanos.

La consellera ha destacado que el decreto ley ha sido consensuado con todo el sector, las organizaciones de consumidores y usuarios, los municipios turísticos y los principales sindicatos.