El Grupo Municipal Red denuncia que: “Los varapalos judiciales se pagan con dinero de los impuestos de los contribuyentes”

El Grupo Municipal Red de Teulada Moraira ha puesto de manifiesto, tras la actualidad política en la localidad lo siguiente: "Recientemente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante, ha dictado sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Teulada, dejando nulo el acto recurrido por el Inspector Jefe de la Policía Local, condenando al Ayuntamiento a reponer en su puesto de trabajo, así como al abono de las retribuciones dejadas de percibir, más el abono de los intereses legales desde el momento en que se dictó el Decreto anulado por resolución judicial de suspensión de funciones al Inspector Jefe”.

El principal grupo de la oposición señala de igual modo que, “el proceso judicial se interpone contra un Decreto de suspensión de funciones dictado de forma ilegal a todas luces, como si de un cortijo particular se tratara (así lo dice un juez) y ahora se condena al Ayuntamiento de Teulada, al pago aproximado de unas retribuciones que, incluidos los intereses legales, se calcula una indemnización aproximada a percibir por parte del afectado de unos 50.000 euros”.

Por todo lo anterior desde RED se detalla: "Esta nueva sentencia condenatoria, junto con los conflictos judiciales que sigue el Inspector Jefe contra el Ayuntamiento de Teulada, se calculan que a día de hoy, ascienden a unos 80.000 euros, teniendo en cuenta que esta cifra puede aumentar, ya que está pendiente de dictarse otro recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que muy presumiblemente, se condenará nuevamente al Ayuntamiento de Teulada, en el caso de la remoción de la plaza de Intendente de la Policía Local”.

Por último, desde el Movimiento RED, se ha puesto de manifiesto la siguiente reflexión: “Esta nueva sentencia condenatoria vuelve a dejar patente, una política nefasta y una gestión de lo público caprichosa e irresponsable. Al final, desgraciadamente, son los ciudadanos los que pagan los experimentos de unas decisiones municipales injustas o ilegales, que tiempo al tiempo, podrían posibilitar el inicio de nuevas acciones en contra del Ayuntamiento relativas a un presunto acoso laboral, así como daños a la imagen y honor del funcionario”.