Ahora nos toca rescatar las autopistas

La gratuidad de la AP-7 ha sido reclamada por miles de ciudadanos durante largos años. A pesar de ser una demanda multitudinaria, los poderes fácticos han hecho siempre oídos sordos.  Aumar (actualmente Abertis) ha conseguido tres ampliaciones sobre la fecha prevista inicialmente para revertir la infraestructura. ¿Primaron los intereses económicos? Blanco y en botella...

El pasado año, la ministra de Fomento, Ana Pastor respondía en el Pleno del Congreso una pregunta del grupo socialista, que cuestionaba si el Gobierno iba a prorrogar la concesión de la AP-7.  La respuesta entonces pilló con el pie cambiado a muchos que daban por sentado que desde el ministerio se estudiaba una nueva ampliación de la concesión para explotar la infraestructura que de este modo buscaría recompensar la (sic) baja rentabilidad de determinadas autopistas. Pastor dejó claro que la concesión del tramo Tarragona-Valencia Valencia-Alicante finalizaba el 31 de diciembre de 2019.

En la actualidad, tras casi medio siglo de concesión, los poderes económicos, viendo  la ubre secarse, reclaman ahora en el Tribunal Supremo al Gobierno de España,  hasta 1.500 millones por supuestos incumplimientos a la hora  de compensarle por la caída del tráfico de las autopistas que gestiona.

Estas políticas empresariales de alto nivel, tienen aspectos similares a la de los bancos rescatados por el estado con el dinero de los contribuyentes (no en vano, recordemos que La Caixa es la máxima accionista de Abertis). Parece que estos grandes gurús empresariales, no pueden perder dinero nunca.

Pongámonos en situación. Un ciudadano corriente abre un negocio en una población costera. Tras un año aguantando perdidas, cierra  y demanda al Ayuntamiento del municipio en cuestión, porque los clientes no han consumido lo esperado. Esto claro está sería algo ficticio porque la realidad es que si un ciudadano decide convertirse en empresario y arriesga su dinero y lo pierde porque la situación no ha sido la esperada, nadie le va a devolver un duro de lo invertido.  Así de claro.

Por desgracia, en el caso de Aumar, pese a quien le pese,  habrá que prever que papá estado y por ende los ciudadanos,  sean finalmente los que paguen que no ha circulado el suficiente tráfico por la Autopista AP-7.  Con una legión ingente de abogados expertos en la materia por parte de Abertis,  no espere el lector otro final.

Así que nada, vayan preparando algo así como 32 euros por cabeza los 47 millones de ciudadanos del territorio nacional,  que hoy toca rescatar  la AP-7.

Vicente Bolufer